En 10 mil millones de pesos estima el Consorcio FTP el presunto detrimento patrimonial durante la gestión del anterior representante legal suplente, Jaime Espinosa Rosado, en la administración del Hotel El Prado.

Así lo aseguró la apoderada judicial del Consorcio FTP, a cargo de la administración del Hotel El Prado, Bianith Bohórquez Pinto, señalando que ante la Fiscalía General de la Nación reposan las denuncias que fueron interpuestas oportunamente.

“En el marco de las distintas auditorías que se realizaron posterior a la salida del representante legal suplente, Jaime Espinoza Rosado, se interpusieron ante la Fiscalía General de la Nación varias denuncias, una de ellas por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad en documento privado, fraude procesal, entre otros”, manifestó en rueda de prensa.

Como consecuencia de ello fueron presentadas las respectivas denuncias ante las Fiscalías 58, 45 y 46 de la Unidad de Patrimonio, “en contra de quienes fungían en calidad de contratistas de los distintos contratos celebrados al interior del Hotel. 

Además de Espinosa Rosado, también fue denunciado el Director Técnico de obras estaba Carlos Cabal Hidalgo, “quien asumió la dirección de la ejecución de cada uno de los contratos y subcontrató a cada una de las empresas y cuyos nombres aparecen en las denuncias que fueron interpuesta ante la Fiscalía por parte del Consorcio FTP”.

Otras personas denunciadas

Adicionalmente, las denuncias fueron formuladas contra las siguientes personas: Camilo Andrés Muñoz Bernal, Jair Jairo Fernández Escárraga, Cecil Alfonso González Díaz, Carlos Rodolfo Carrasquilla García, Martha Vergara Castro, Clara Escobar González y Orlando Parra Mercado, por las presuntas conductas punibles de concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal, abuso en condición de inferioridad y hurto agravado por la confianza.

“Dentro de todo este detrimento patrimonial que ha sufrido quien hizo la inversión alcanzaría la suma de los 10 mil millones de pesos, como pérdidas a causa de esta defraudación y del abuso de confianza claro y expreso en cada una de las denuncias”, aseguró la apoderada del Consorcio FTP.

Bianith Bohórquez reiteró que “las denuncias fueron interpuestas posterior al conocimiento de las distintas auditorías. Lo que hay que tener claro es que uno no espera que sea directamente el representante legal quien empiece hacer mal uso o una administración irregular, lo cual condujo a que se hicieron múltiples investigaciones y auditorías que arrojaron estos resultados que fueron los que terminaron en las denuncias presentadas en los años 2019 y 2020 y la última que se interpuso fue la del año pasado”.

Los hechos encontrados

En concreto, precisó, las auditorías establecieron “irregularidades y maniobras fraudulentas cometidas por los indiciados, en cabeza de Jaime Eduardo Espinosa Rosado, así:

- Apropiación de dinero en efectivo recaudado por pago de servicios y ventas ofrecidas por el Hotel.

- Actos de colusión con proveedores del Hotel.

- Suscripción de contratos encaminados a afectar el patrimonio económico del Hotel El Prado”.

Dentro de la señalada apropiación de dinero resaltó el caso de 330 millones que habían sido solicitados por Espinosa Rosado al representante legal principal, Bart Steven Seidler, residente en Estados Unidos, “para cumplir compromisos inaplazables”.

Ante el requerimiento fueron girados 339 millones 306 mil 5 pesos, de los cuales 300 millones de pesos fueron girados, de manera inmediata a la Sociedad Inversiones Agropecuarias de la Costa S.A.S., que no tenía ninguna relación con el Hotel El Prado.

Por este hecho Espinosa Rosado fue imputado por el delito de estafa en concurso heterogéneo sucesivo de falsedad en documento privado el 19 de noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía 58 de la Unidad de Patrimonio Económico ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías.

El caso del pagaré de $710 millones

Igualmente, dentro de los actos de colusión con proveedores señaló el proceso ejecutivo promovido contra el Consorcio FTP por la sociedad Salam Delivery Fast S.A.S., representada por Orlando Parra Mercado, “por la presunta existencia de un título valor (pagaré) originando una posible acreencia derivada de la supuesta prestación de un servicio prestado”.

En este caso, agregó, Salam Delivery Fast S.A.S. realizó una serie de facturas por prestación de suministros y servicios por valor de $710 millones, “según pagaré diligenciado por quien fungía en calidad de representante legal para ese entonces, Jaime Eduardo Espinosa Rosado, y que sirvió como título valor que soporta las pretensiones de la demanda”.

No obstante, las auditorías realizadas para determinar el origen de esta deuda establecieron que “no existe acerbo probatorio dentro de la información financiera y contable que permita concluir que existió tal obligación por parte del demandado, pero si causó mucha extrañeza que precisamente en la audiencia de imputación de cargos realizada por Jaime Espinosa Rosado, por las presuntas irregularidades al cargo de su administración, se encontrara en la bancada de su defensa el abogado Sergio Luis Fruto Pizarro, quien representa precisamente a la empresa Salam Delivery Fast S.A.S. y aunado a ello en compañía de su representante legal Orlando Parra Mercado. Lo cual evidencia de forma clara que quien firmó el pagaré a favor de la empresa Salam Delivery Fast S.A.S. fue precisamente Jaime Espinosa Rosado y son la contraparte quienes lo acompañaron en su bancada de defensa frente a la imputación que hizo la Fiscalía por la presunta comisión del delito de estafa”.

Pagos por obras inexistentes

En torno a la suscripción de subcontratos por parte del Director Técnico de Obras, Carlos Cabal Hidalgo, fueron señalados los siguientes hechos:

- Pagos realizados por $17.785.655 a la firma Escalin Ingeniería S.A.S. y por $16.770.681 a Cecil Alfonso González Díaz, cuyas facturas “corresponden a los mismos conceptos, es decir, se realizó una doble facturación de unos servicios eléctricos que no fueron realizados por ninguna de las dos empresas facturadoras”.

“Entre muchas de las circunstancias que rodearon las distinta irregularidades y elevados costos a los que se dio lugar por parte de todos los contratistas en las distintas áreas, se evidenció que muchos de los trabajos no estaban en buen estado y se hizo necesario contratar un Arquitecto Restaurador, quien encontró hallazgos que dejaron ver que en todo el proyecto se hizo un gasto exorbitante, defraudando las arcas del Consorcio FTP”, sostuvo.

Otro de los hechos que llamó la atención es el relacionado con el suministro e instalación de la red contra incendio, por parte de la sociedad Escalin Ingeniería S.A.S.

“Al momento de hacer la respectiva inspección de rigor a dicha red se encontró en la torre ejecutiva varios errores constructivos, los cuales de forma clara colocaron en riesgo la vida de las personas que hicieron uso de la edificación, la cual debido a su actividad comercial aglomera a un gran número de personas. El hallazgo más significativo y que nos lleva a pensar que existió mala fe por parte del constructor es la instalación de una bomba de usos generales, la cual originariamente es de color verde y para hacerwla parecer una bomba certificada para un sistema de extinción de incendios, fue pintada artesanalmente de color rojo, el cual con el pasar de los años fue desapareciendo dejando en evidencia el engaño, fraude e irresponsabilidad, por el grado de peligro al que fueron expuestos todo el personal humano y la edificación histórica y patrimonio cultural como lo es el Hotel El Prado, entre otras irregularidades y por dicho trabajo se cobró una suma exorbitante”, expresó.

“Que las autoridades actúen”

Por todo ello hizo una petición puntual a las autoridades y organismos competentes que tienen a cargo las investigaciones para que “actúen y que se investigue a quien se tenga que investigar y se den los resultados que en Derecho y la Ley corresponden y que estas personas sean vinculadas y que acudan al llamado que están haciendo las autoridades, entre ellos el Director Técnico de Obras en su momento, Carlos Cabal Hidalgo, quien ha sido citado tres veces a interrogatorios y no ha comparecido, así como otras personas que han sido vinculadas con estas investigaciones en calidad de contratistas que tampoco se han presentado al llamado de la Fiscalía General de la Nación”.

Finalmente aseguró que esta situación “no ha afectado la fase de inversión porque es un requisito fundamental que se tenía que cumplir al momento de hacer la adjudicación del contrato de concesión. Lo que se ha venido afectando es el patrimonio como tal del inversionista y del Consorcio FTP que tiene a cargo la administración del Hotel El Prado. Eso es básicamente lo que ha ocurrido”.